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PROBLEMÁTICA DEL AGUA Y SANEAMIENTO EN ARGENTINA
Argentina enfrenta cinco desafíos significativos en el
sector de abastecimiento de agua
potable y saneamiento: Baja cobertura con un alto grado de
prestación de servicios para su nivel de ingresos; calidad deficiente de los
servicios. La Argentina logró alcanzar un 99.1 % (2016) de
cobertura en agua potable, constituyéndose con Uruguay en
los países líderes en toda América Latina y el Caribe, mientras que América
Latina tiene un 91 % de acceso a agua segura.
Calidad del
servicio
Agua potable
En general, el servicio es continuo y el agua es de calidad
potable en las zonas urbanas
Calidad del agua
La calidad del agua potabilizada
suministrada es considerada adecuada en términos generales para el uso
doméstico e industrial, estimándose que más del 90 % de la población
nacional recibe agua potable de acuerdo con los estándares de salud pública.
En algunas de las ciudades más representativas, en el 2005
el nivel de ejecución de controles de agua potable respecto de las normas era
superior al 100%, mientras que la conformidad con los parámetros establecidos
varía entre un 93 y un 100%.
Continuidad y presión
En la mayoría de las
ciudades, la continuidad del servicio de agua potable en las áreas urbanas es
del 100 %. Sin embargo, en algunas ciudades del interior con un clima seco
los racionamientos de agua en los meses de verano son un suceso frecuente. Aún
en las ciudades con servicio continuo, muchos usuarios reciben agua con presión
menor que el prescripto en las normas. Por ejemplo, en Buenos Aires solamente
32% de los usuarios recibieron agua con una presión de más de 10 metros de
columna de agua en 2004.
Uso de agua y pérdidas
El promedio nacional de
producción de agua por habitante servido se estima en 380 L/hab/día. El consumo
medio real sobre la base de los resultados de sectores que operan con micro
medición es del orden de los 180 L/hab/día. Las pérdidas en las etapas de producción
y distribución de agua son del orden del 40 % del total producido.
Saneamiento
En lo referente al saneamiento, los sistemas de recolección
de las aguas residuales son insuficientes para manejar el creciente flujo, la
parte de las aguas residuales que recibe tratamiento varía en gran escala entre
las provincias del país.
En algunas capitales provinciales, como Mendoza, Córdoba,
Tucumán, Neuquén, Jujuy, Salta y San Juan la mayor parte de las aguas
residuales fue tratada, mientras que, en las dos regiones urbanas más grandes
del país, Buenos Aires y Rosario, el tratamiento no alcanza el promedio del
país, lo que resulta en problemas graves para el medio ambiente.
Impacto en la salud
Las enfermedades relacionadas con el agua más frecuentes en
la Argentina son las gastrointestinales agudas, la paratifoidea, la fiebre
tifoidea y las parasitosis intestinales. La diarrea es uno de los problemas de
salud más acuciante. La hepatitis (“A” y las sin especificar) presenta una
fuerte incidencia, registrándose en 1997 en el ámbito nacional 30.661
notificaciones, evidenciando marcados incrementos en coincidencia con las áreas
de bajo nivel socioeconómico.
Contaminación de
recursos hídricos
El control de los efluentes industriales es muy débil,
debido a la superposición de responsabilidades. A esto se le debe sumar la
falta de una cultura de la preservación de los recursos naturales. El resultado
es una fuerte contaminación de las fuentes. En las zonas de explotación
agrícola intensiva, el uso descontrolado de agroquímicos contribuye a la
contaminación de los recursos hídricos.
La privatización
En los años 90 se suscribieron concesiones de agua y
saneamiento con el sector privado en el 28% de las municipalidades, cubriendo
al 60% de la población del país.
La primera concesión fue la de la provincia de Corrientes,
en el año 1991, cuando se le delegaron los servicios a Aguas de Corrientes SA.
La concesión con mayor visibilidad fue suscrita en 1993 para el área
metropolitana de Buenos Aires con un consorcio liderado por la firma francesa
SUEZ, que luego dio origen a la empresa Aguas Argentinas SA. Otros consorcios,
liderados por la misma empresa, se hicieron cargo de los servicios de las
ciudades de Santa Fe, Rosario y otras en la provincia de Santa Fe (Aguas
Provinciales de Santa Fe SA) en 1995, y de los servicios de agua potable en la
ciudad de Córdoba (Aguas Cordobesas SA) en 1997, mientras que un consorcio liderado
por Vivendi, hoy Veolia , se hizo cargo de los servicios de la ciudad de
Tucumán (Aguas de Tucumán SA) y otro liderado por Saur, de la ciudad de Mendoza
(Obras Sanitarias de Mendoza SA) en 1998. Varios distritos de la Provincia de
Buenos Aires pasaron a ser servidos por una empresa del grupo Enron Azurix Bs.
As. SA, mientras que otros consorcios de empresas locales se hicieron cargo de
los servicios en distintas provincias como Santiago del Estero (Aguas de
Santiago SA)], Salta Aguas de Salta SA en 1999, Formosa (Aguas de Formosa SA),
La Rioja Aguaslar SA y Misiones (Servicio de Aguas de Misiones SA) y otros de
algunas ciudades de la Provincia de Buenos Aires como Pilar Sudamericana de
Aguas SA, Campana Aguas de Campana SA y Balcarce (Aguas de Balcarce SA).
La comercialización y
el cambio de la “Cultura del no pago”
El cambio de gestión del servicio en lo institucional y
comercial, la posibilidad del corte por mora y la implementación de los
sistemas de medición, que permiten la facturación por lo consumido, dándole al
cliente una clara señal de que ahora abona por un servicio del cual ha hecho
uso.
La introducción de la
regulación autónoma
Una de las reformas de los años ’90, ha sido la separación
de los roles de fijación de políticas, regulación y control y prestación de los
servicios. Entonces el Estado se había reservado las funciones de formulación
de las políticas sectoriales y la regulación y el control de las concesiones,
delegando la prestación, en algunos casos, a empresas privadas. En la Argentina se adoptó el modelo de regulación por
agencia en el que la regulación está a cargo de una agencia especializada (ente
regulador), autónomo y autárquico, a cargo del control del cumplimiento de la
normativa vigente y la regulación de la prestación de los servicios.
El impacto de la
transformación del sector
Sin embargo, el común denominador de las concesiones fue el
incumplimiento de las condiciones pactadas y las sucesivas renegociaciones
contractuales, ya sea para aumentar las tarifas o bien para disminuir las
obligaciones de inversión. Muchos de estos incumplimientos fueron una
consecuencia de la crisis económica de 2001.
Respecto a la calidad de los servicios se priorizaron las
acciones de preparación y puesta en marcha de programas de inspección,
rehabilitación y mantenimiento, regulación de presiones, reducción de pérdidas
físicas e implantación de procesos de control. Las áreas
comerciales reflejan mejoras en los sistemas de facturación y recaudación,
actualización de catastros de clientes, reclasificación e incorporación de
nuevos clientes, sistematización y descentralización de la información y una
mejor atención a las demandas y reclamos de los clientes. Gran parte de estas
mejoras se alcanzaron por medio de prácticas administrativas simples que no
demandaron grandes inversiones o la incorporación de tecnologías de alta
sofisticación.
La mejor en la calidad de los servicios parece haber tenido
un cierto impacto en la calidad de vida de una parte de la población, pues
estando a un estudio realizado en 2002 que evaluó el impacto de la
privatización sobre la mortalidad infantil con base en datos generados por una
encuesta domiciliaria
Mientras la empresa estatal (OSN) había invertido US$ 25
millones por año en sus 10 últimos años, Aguas Argentinas SA aumentó la
inversión anual promedio a US$ 200 millones por año entre 1993 y 2000.22
El caso de Aguas
Argentinas en Buenos Aires
El mayor y más conocido caso de participación privada en el
sector argentino de agua potable y saneamiento fue la concesión de Buenos
Aires, que fue firmado en 1993 y rescindido en 2006. Críticos de la concesión
resaltan que el concesionario no cumplió con sus obligaciones previstas en el
contrato. Cuando el gobierno rescindió el contrato en 2006, argumentó que Aguas
Argentinas falló en ejecutar sus funciones en cuanto a expansión de cobertura y
calidad. El agua distribuida contenía altos niveles de nitrato y el
concesionario no cumplió ni con las normas de presión ni con la construcción de
centrales de abastecimiento de agua.
Un factor que puede haber contribuido al término anticipado
de la concesión fue su preparación precipitada. Alcázar y otros enumeran
características que señalan un proceso urgente:
La agencia de regulación ETOSS (Ente Tripartito de Obras de
Servicios de Saneamiento) fue fundada en poco tiempo como parte del proceso de
participación privada y entonces careció de experiencia.
La información disponible en el contrato de concesión fue
tan incompleta que el gobierno argentino se negó a asumir la responsabilidad de
aquella información. Esto puede haber llevado al concesionario a aceptar en
espera de una futura renegociación.
En vez de introducir un nuevo y más transparente sistema
tarifario, se adoptó el sistema antiguo de OSN.
Además, en la toma de decisiones la agencia de regulación
fue circunvalada reiteradamente, por ejemplo, cuando el contrato fue
renegociado en 1997. De esa manera, ETOSS fue debilitado más. El contrato de
concesión garantizó a Aguas Argentinas recibir dólares a la tasa de cambio 1:1,
también después de la devaluación del peso. Solanes señala que esta práctica
impide que el concesionario busque financiamiento en mercados locales para
evitar los riesgos de fluctuación de tipos de cambio. En 1999 las inversiones
en infraestructuras no alcanzan a la mitad del importe estipulado en el Plan de
Mejoras y Expansión, y que el 88% de los residuos de las cloacas de Buenos
Aires no recibían tratamiento adecuado, mezclándose agua potable con agua
contaminada por las napas, así mismo se observaba restos de materia fecal en el
agua destinada a consumo humano bombeada por la empresa. Así mismo se detectaba
niveles alarmantes para la salud humana de Arsénico, en diferentes muestras, se
encontró un nivel de nitratos de 1400 ppm (partes por millón). Como parámetro,
el Código Alimentario Argentino establece un máximo de 45 ppm. Además, el 48
por ciento de las muestras presentó contaminación de tipo microbiano con
presencia de escherichia coli.
De acuerdo con un estudio de diciembre de 2003 del Auditor
General de la Nación Argentina, Suez sólo trataba el 12% del total del agua, el
resto se vierta al Río de la Plata en la zona de Berazategui. "El incumplimiento de la concesionaria que afecta garantías primarias de los
usuarios", evidenciado la falta de inversión y expansión del servicio por parte
de Suez, además de un mal manejo que puso en riesgo la salud de población, por
el nivel de nitrato encontrado en algunas localidades como Lavallol.
Según Solanes las necesidades de la población pobre no
estaban representadas en el contrato. No se contempló subsidios para los pobres
ni la expansión de cobertura fue fomentada, ya que conexiones nuevas no fueron
asequible a muchas personas y usuarios nuevos deberían pagar para la expansión
de la infraestructura.
En el mes de abril de 2015 el tribunal del CIADI emitió su
laudo indemnizatorio en favor de la empresa SUEZ por US$ 405 millones. El
tribunal demoró dos años en calcular dicha indemnización basándose en un laudo
anterior de responsabilidad que había emitido en 2013, en donde daba la razón a
la empresa por la responsabilidad internacional del Estado argentino por
"no proteger debidamente" las inversiones de la empresa.
Luego de la crisis económica del 2002, ya no fue posible
mantener ese nivel de inversión, por lo que se recurrió a un “modelo de gestión
participativo”, implementado entre el Estado, los Municipios y Aguas
Argentinas, que benefició con conexiones domiciliarias de agua potable a unos
100.000 habitantes de vecindarios pobres y barrios marginales del gran Buenos
Aires, entre los años 2003 y 2005.
Desde que el 21 de marzo de 2006, el Gobierno Nacional de
Néstor Kirchner creó AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), la misma
fue ratificada por el Congreso pocos días después, dándole al decreto carácter
y fuerza de ley.3132 la empresa inició un programa integral para la
universalización de los servicios de agua potable y saneamiento para la
población de la Ciudad de Buenos Aires y 17 municipios del primer cordón del
conurbano bonaerense. El plan llevado adelante por AySA implicó entre los años
2006 y 2015 una inversión ejecutada de $ 26.174 millones, 727 obras terminadas
que benefician a 8 millones de personas dentro del área de concesión de la
empresa. La cobertura de agua potable que en 2003 era del 71,1% de la población
pasó al 82% en 2015, incorporando 3.881.047 habitantes. Mientras que la
cobertura de cloacas pasó del 43,1% en 2003, al 54,4% en 2015, incorporando al
servicio a 3.130.225 habitantes.3334
En estos años 4880 obras hídricas por 122.387 millones de
pesos, con 511 obras en todo el país en el marco del Fondo Hídrico Nacional.
Plan Maestro del Río Salado, provincia de Buenos Aires, 91 obras de saneamiento
y uso hídricos, 31 obras de infraestructura vial y más de 15 millones de
beneficiarios en todo el país. De esto, el 81 por ciento se aplicó a obras de
defensa
El caso de la Provincia de Salta
El gobierno de la Provincia de Salta inicio una reforma del
sector de agua potable y saneamiento en 1996. Mientras que muchas otras
provincias y municipios argentinos buscaron la participación del sector privado
para mejorar los servicios de agua y saneamiento en la misma época, el caso de
Salta tiene algunas características especiales.
La primera diferencia es que el gobierno de Salta se reunió
con varios municipios y organizaciones de usuarios para discutir los beneficios
y los riesgos de las concesiones antes de realizar la subasta. Este proceso
consultivo continúo con el concesionario después de que el contrato se firmara.
Segundo, el gobierno consideró que los servicios de agua y saneamiento en
localidades pobres no debían ser financiados únicamente a través de tarifas y
decidió subsidiar inversiones además de subsidiar al consumo. Tercero, la
agencia reguladora permitió a los concesionarios proporcionar servicios de
menor calidad en áreas aisladas y poco rentables para servicios convencionales.
Cuarto, la agencia reguladora incrementó la tarifa antes y después de la crisis
económica de 2001. Estos incrementos fueron menores que aquellos que hubieran
sido necesarios sin ayudas al consumo o niveles de servicio flexibles. Por
último, el gobierno “ignoro el paradigma tradicional de permitir pujar en la
subasta solo a compañías con notable experiencia en agua potable y saneamiento”.
Esta política había favorecido a grandes compañías multinacionales. En Salta la
empresa constructora MECON S.A., con experiencia en carreteras de peaje y en el
sector eléctrico, gana la subasta y subcontrata con la empresa estatal de
servicios públicos brasileña SANEPAR para asistencia técnica en el tema de
agua.
También proporcionó un descenso significativo en los cortes
del servicio y se mejoró la atención al cliente. 13 municipios se unieron al
contrato incrementando el número de municipios abastecidos por el concesionario
a 56.
Mientras muchas otras concesiones privadas en Argentina
rescindieron durante la crisis económica de 2001, la concesión en Salta
sobrevivió, aun con algunos problemas. En febrero de 2008, la agencia
reguladora inicio un procedimiento penal contra el concesionario debido a que
su planta de tratamiento de aguas negras en el Río
Arenales no estaba funcionando debidamente.
En 1999 las inversiones en infraestructuras no alcanzan a la
mitad del importe estipulado en el Plan de Mejoras y Expansión, y que el 88% de
los residuos de las cloacas de Buenos
Aires no recibían tratamiento adecuado, mezclándose agua potable con
agua contaminada por las napas, así mismo se observaba restos de materia fecal
en el agua destinada a consumo humano bombeada por la empresa. Así mismo se
detectaba niveles alarmantes para la salud humana de Arsénico, en diferentes
muestras, se encontró un nivel de nitratos de 1400 ppm (partes por millón).
Como parámetro, el Código Alimentario Argentino establece un máximo de 45 ppm.
Además, el 48 por ciento de las muestras presentó contaminación de tipo microbiano
con presencia de escherichia coli.
La renacionalización
Cuando se abandonó la convertibilidad del peso argentina
con el dólar estadounidense, las tarifas fueron convertidas de dólares a
pesos devaluados e inmediatamente congeladas. La situación además se fue
deteriorando con el tiempo, pues las tarifas fueron congeladas mientras los
costos operativos fueron aumentando por efectos de la inflación.
Dos concesiones cayeron antes de la crisis de 2001: la de la
Provincia de Buenos Aires y la de Tucumán. Luego de la crisis, bajo el gobierno
de Néstor Kirchner, se abrió la renegociación de
concesiones de servicios públicos concedidos. Como
resultado de estas renegociaciones, muchas concesiones fueron canceladas y la
responsabilidad por la prestación de esos servicios volvió a manos del Estado.
Las renegociaciones que fracasaron dieron origen a reclamos en el tribunal
del CIADI.
En el caso del área metropolitana de Buenos Aires se creó
por ley una empresa bajo la forma de sociedad anónima, de propiedad mayoritaria
del Estado Nacional, llamada Agua y Saneamientos Argentinos, la
que se hizo cargo de la prestación de los servicios en 2006. Al principio del
año 2008, el gobierno de la provincia de Mendoza anunció que está interesado en
aumentar el control sobre la empresa Obras Sanitarias de Mendoza (OSM), de la
cual mantiene el 20%, comprando el 20% de la compañía que posee Saur
International. En septiembre de 2010 el gobierno de esta provincia creó por
decreto: Agua y Saneamiento Mendoza SA.
Con la vuelta de la prestación de algunos servicios a manos
del Estado se logró conservar las agencias reguladoras. En el caso del área
metropolitana de Buenos Aires se crearon por ley dos agencias, una a cargo de
la planificación y otra a cargo del control de los servicios.
Si bien su creación por ley representó una jerarquización respecto a la
situación anterior, dicha norma no alcanza a delinear adecuadamente los roles
entre el Estado y las agencias, las que a su vez han perdido autonomía.
En los primeros siete años tras su creación, Agua y
Saneamientos Argentinos (AySA) invirtió 11.560 millones de pesos en el mantenimiento y en la
expansión de los servicios al público en general. Estos servicios incluyeron la
instalación de 302.645 conexiones de agua
y 221.130 conexiones de cloacas en el período 2006-2012. La empresa
también inauguró el primer módulo de la planta potabilizadora Juan Manuel de
Rosas en Tigre, sobre el Río
Paraná, y la Depuradora de Líquidos Cloacales del Bicentenario, en Berazategui. Ambas obras demandan una
inversión de 3.300 millones de pesos, permitirán ampliar los
servicios de agua a otros 2.000.000 de personas y tratar los líquidos
cloacales producidos por 4.000.000 de habitantes, respectivamente,
además de las obras de ampliación de las plantas depuradoras El Jagüel, Norte y
Sudoeste, que en conjunto sumarán 750.000 personas más a los
servicios de desagües cloacales.
Agua + Trabajo
El gobierno ha adoptado posteriormente de la crisis un
programa para ampliar los servicios de agua potable en La Matanza, provincia de Buenos Aires,
mediante el proyecto “Agua más trabajo”, basado en la participación de pequeñas
cooperativas de trabajadores locales para la ejecución de las obras. Hasta el
junio de 2007 se invirtieron $101m para el beneficio de 741.000 habitantes.
Este programa, ejecutado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA), está usando aspectos del "modelo de gestión participativo”
introducido en la época de la empresa privada Aguas Argentinas.
Acontecimientos recientes
En 2008 se puso en marcha una nueva estrategia de
mejoramiento de la infraestructura sanitaria del área metropolitana de Buenos
Aires, que concentra a más de un tercio de la población del país. La misma
consiste en la construcción de grandes conductos en las márgenes de los ríos (Río de la Plata y Riachuelo),
destinados a recoger los efluentes que llegan a través de los conductos de
alcantarillado sanitario y pluvial. Estos efluentes serán concentrados en dos
puntos desde los cuales se inyectarán al Río de la Plata mediante emisarios de
5 km de longitud más 2 km de difusores. Así se espera mejorar la
calidad de las aguas costeras, inyectando los efluentes a mayor distancia de la
costa respecto a la situación actual. Esta estrategia se basa en la dilución
como método de tratamiento, aprovechando el gran caudal del Río de la Plata
(del orden de los 22.000 m³/s promedio)
y su alto contenido de oxígeno disuelto (8 mg/L), dejando para una
etapa posterior la resolución de la contaminación con metales pesados,
hidrocarburos y otras sustancias no diluibles. Recientemente se inició el
proceso de licitación para la construcción de las obras principales de este
nuevo plan.
Responsabilidad
por el abastecimiento de agua y el saneamiento
Políticas y regulación
Siendo la Argentina un país federal, las provincias tienen a
su cargo la responsabilidad de formular las políticas del sector y establecer
las normas en su zona de competencia. Las instituciones suelen ser débiles y
propensas a la interferencia política, lo que dificulta la aplicación de las
normas. La autonomía de las provincias resulta en una gran diversidad de
ordenamientos institucionales para la prestación de los servicios de agua
potable y saneamiento en el país, dificultando la generación de una visión
nacional del sector.
En el ámbito nacional, a pesar de los avances recientes en
cuanto a una definición más clara de las responsabilidades, el marco
institucional continúa careciendo de coherencia y la coordinación entre los
actores federales es deficiente. La Subsecretaría de Recursos Hídricos, a
través de la Secretaría de Obras Públicas, propone las políticas del sector
ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
encargado de aprobarlas. Dentro de este marco político, el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), una entidad descentralizada dependiente
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, proporciona financiamiento y
asistencia técnica a los proveedores de servicio. Por otra parte, asesora a la
Secretaría de Obras Públicas, influyendo de hecho en la política sectorial.
Recientemente se le ha otorgado al ENOHSA la facultad de ejecutar directamente
obras de infraestructura. Esto ha suscitado cierta confusión entre sus
funciones de hacedor de políticas, distribuidor de recursos y ejecutor de
obras.
No existe aún una ley nacional de agua y saneamiento, aunque
algunas provincias ya tienen la suya. Esto dificulta la definición de una política
nacional coherente en lo que se refiere a financiamiento, subsidios, tarifas y
normas de servicio. La estructura federal del país y la dispersión y
superposición de responsabilidades entre los distintos organismos de gobierno
dificultan aún más el desarrollo de una política sectorial coherente.
Catorce de las 23 provincias cuentan con entes reguladores,
aunque éstos suelen tener una capacidad limitada y responsabilidades
institucionales no bien definidas. En la mayoría de los casos actúan como
supervisores de los contratos de concesión, sin cubrir a las cooperativas y los
proveedores municipales. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires
existen dos agencias, una a cargo de la planificación y otra a cargo del
control de los servicios.
Los reguladores de todo el país están reunidos en AFERAS, la
Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de la República
Argentina.
Prestación de los servicios
La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento
se realiza a través de una amplia gama de alternativas de gestión, que
incluyen:
- La
empresa pública AySA en la Capital Federal y 17 partidos del conurbano bonaerense
(atendiendo a más de 25% de la población);
- 14
empresas públicas provinciales con un grado variable de autonomía otorgada
en los instrumentos de creación de las Empresas (no todas atienden a una
provincia entera);
- Empresas
públicas municipales, o municipios que prestan servicios directamente
(atendiendo a 20% de la población);
- 4
empresas privadas bajo contratos de concesión con un gobierno provincial o
municipal (2008);
- más
de 2.000 cooperativas (atendiendo a 11% de la población);y
- asociaciones
vecinales.
Empresas privadas
En 2008 quedaron pocas
concesiones privadas en el país. Entre ellos son las concesiones de Salta, Corrientes, Formosa y Mendoza.
Las cooperativas
Hay una fuerte presencia de
las cooperativas de
servicio, que son por lo menos unas 2.000 lo que convierte al país en el de más
cooperativas de agua y saneamiento de América Latina. Estas cooperativas
típicamente prestan servicios múltiples, incluso la venta de electricidad,
telefonía, manejo de desechos sólidos, negocios de venta de productos de
consumo y otros. Las cooperativas de agua y saneamiento se crearon durante las
décadas de los 60 y los 70 y en 2001 estaban responsables del suministro de
agua en la mayoría de las localidades de menos de 50.000 habitantes, prestando
servicios a más de 4 millones de habitantes o un 11% de la población. En 2001
cerca de 2.000 cooperativas crearon la Federación de Cooperativas de Agua
Potable de la Provincia de Buenos Aires (FEDECAP). Muchas veces las
cooperativas responden de manera muy flexible a la demanda de los usuarios. Por
ejemplo, ofrecen múltiples formas e intereses de pago y, en áreas donde el agua
está contaminado por el arsénico, tratan el agua en plantas pequeñas de ósmosis
inversa para distribuir una cuota familiar en bidones para alimentación,
dejando el agua de la red para los otros usos.
Aspectos económicos
Tarifas Métodos de tarificación
Existen dos métodos de
tarificación en Argentina:
- El
primero se basa en el sistema anterior de OSN. Estima el consumo del
usuario sobre la base de las características de su propiedad, como por
ejemplo el tamaño del predio, el tipo de vivienda y la zona donde está
emplazada. Este método está aplicado a la gran mayoría de los usuarios
domiciliarios en la Argentina.
- El
segundo modelo contiene una parte fija y otra variable que se basa en el
consumo real, que se mide a través de medidores. Este último método fue
facilitado por la introducción de medidores en algunas áreas como parte de
los contratos de concesiones de los años 90. Se aplica principalmente a
los usuarios no-domiciliarias.5
Solamente en algunas pocas ciudades con micro-medición casi universal,
como en el caso de Corrientes, se aplica también sistemáticamente a los
usuarios domiciliarios.
La importante inversión que significa la instalación de
medidores domiciliarios determina que aun en la actualidad en la mayoría de las
empresas coexistan los dos sistemas. En los sistemas de agua potable operados
por Cooperativas está generalizado el sistema de medición de consumos.
Niveles tarifarios
Los niveles tarifarios en
Argentina varían mucho entre prestadores de servicios. En Buenos Aires (AySA)
la tarifa en 2008 era de 0,33 Pesos por m3 para el agua y 0,33 Pesos por m3
para el alcantarillado, por un total de 0,66 Pesos por m3 (US$ 0,20/m3), basado
en un consumo estimado de aproximadamente 40m3 por mes para consumidores no
medidos (cuota fija). Consumidores medidos pagan una tarifa en dos partes,
un cargo fijo que corresponde a 50% de la cuota fija
con un consumo de 10m3 por mes incluido (base libre) más una parte que
corresponde al volumen del agua consumido.
Antes de la devaluación del Peso los niveles tafanarios
estaban mucho más altos en US$. Según la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la tarifa media para agua y saneamiento fue de US$ 0,79 por m³ en 2000.
Fijación de tarifas
Las tarifas históricamente
han sido fijadas por el poder político correspondiente a cada jurisdicción, aun
en los casos de las empresas privadas. Ninguna empresa tiene autonomía para
fijar sus tarifas, ya que deben poner a consideración de la autoridad de
aplicación, las modificaciones tarifarías y es esta última la que las aprueba.
Accesibilidad de tarifas
En 2002, según una
encuesta de hogares de la empresa Opinión Pública, Servicios y Mercados (OPSM)
la factura de agua y saneamiento representaba, en promedio, el 2.1% del ingreso
familiar. La relación fluctuaba del 2.1% para el quintil superior (más
adinerado) al 3.5% para el quintil inferior (más pobre).
Recuperación de costos y financiación
Los operadores - algunos privados - fueron capaces de lograr
un mayor grado de recuperación de costos. Aproximadamente dos tercios del gasto
provincial en el sector agua y saneamiento a partir del 2002 ha provenido de
las transferencias provenientes del tesoro nacional, y el resto de diversos
programas destinados específicamente al sector. El Gobierno Federal, a través
del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) está financiando
cuatro programas de agua y saneamiento:
- Plan
Agua + Trabajo
- PROMES
–Programa de Obras Menores de Saneamiento
- PROESA–Proyectos
Especiales de Saneamiento
- PROARSA–Programa
de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario
Cobrabilidad
Según el informe de indicadores de gestión de ADERASA del
año 2005 (datos del año 2005), la empresa municipal de Mar del Plata registraba
un atraso de dos meses en el cobro, la por entonces empresa privada de la
región metropolitana de Buenos Aires tenía un atraso de cinco meses y la
también empresa privada de Mendoza seis.
Cooperación externa
Los dos entes de cooperación y de financiamiento externo más
importantes en el sector de agua y saneamiento son el Banco Interamericano de Desarrollo y
el Banco Mundial.
Banco Interamericano de Desarrollo
- AR-L1080 : Programa de Agua y Saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires: Este préstamo por 200 millones de dólares, aprobado el 5 de noviembre de 2008, busca contribuir a: 1) el mejoramiento y expansión de la infraestructura de agua potable y saneamiento en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, 2) el fortalecimiento operacional e institucional de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos, S.A.
- AR-L1031 : Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Menores: Este préstamo por 120 millones de dólares, aprobado el 5 de septiembre de 2007, financiará parcialmente sistemas de agua potable o de saneamiento en comunidades con población hasta 50.000 habitantes en el territorio de la República Argentina.
- AR-L1015: Infraestructura Hidráulica: Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Este préstamo por 240 millones de dólares, aprobado el 31 de enero de 2007, abordará problemas específicos de riego y drenaje, así como el reducido acceso a los servicios de agua y saneamiento en las provincias norteñas de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Chaco.
Banco Mundial
- Proyecto de Desarrollo de la Inversión Sostenible en Infraestructura en la Provincia de Buenos Aires (APL1 y APLI2)
- Este programa incluye una serie de dos préstamos, llamados APL1 y APL2 según sus siglas en inglés. El primero préstamo por 267 millones de dólares, aprobado el 15 de febrero de 2006, financiará los servicios de infraestructura de alcantarillado (30%) y de protección contra inundaciones (5%) en comunidades altamente vulnerables y de bajos ingresos de la Provincia de Buenos Aires. El segundo préstamo por 270 millones de dólares, aprobado el 28 de junio de 2007, financiará sistemas de alcantarillado (40%) e iniciativas de protección contra inundaciones (16%). El programa está ejecutado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
- Proyecto de Servicios Municipales Básicos: Este préstamo por 175 millones de dólares, aprobado el 3 de abril de 2006, financia proyectos de agua (27%), saneamiento (27%) y alcantarillado (14%) en Argentina. El proyecto está ejecutado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
- Prevención de Inundaciones Urbanas y Drenaje (APL1 y APLI2): Este programa incluye una serie de dos préstamos, llamados APL1 y APL2 según sus siglas en inglés. El primero préstamo por 130 millones de dólares aprobado el 5 de abril de 2005, financia la protección contra inundaciones (94%), así como proyectos generales en el sector agua y saneamiento (2%) en la ciudad de Buenos Aires, mediante la protección de la infraestructura vital para la ciudad y la introducción de la gestión de riesgos en el programa de inversiones del gobierno. El segundo préstamo de 60 millones de dólares ha sido aprobado el 6 de junio de 2006. El Programa está ejecutado por la Secretaría de Finanzas de la Nación.
